Entre la tarde del jueves y la mañana de este viernes se suscitaron dos hechos que algunos quisieron hacer pasar como golpes al Gobierno o concesiones de las autoridades a la CNTE. El primero fue la excarcelación de 24 integrantes y un simpatizante de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca. El segundo, la liberación de dos cuentas de la Coordinadora —cada una con alrededor de 800 millones de pesos de saldo— que el Gobierno mantenía congeladas desde mayo al presumir que eran usadas para el desvío de recursos.
Pero antes de insinuar —como muchos lo hicieron—que estos acontecimientos se enmarcan en un presunto acuerdo entre el Gobierno y la Coordinadora es necesario poner los hechos en contexto.
En Oaxaca, un magistrado dictó la libertad bajo caución de 24 integrantes de la CNTE acusados de robar urnas y quemar boletas electorales en los comicios del 7 de junio de 2015. Además, el líder de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), César León Mendoza —a quien se relaciona con la sección 22 de la Coordinadora y es acusado de homicidio, robo y vandalismo—, fue excarcelado, también bajo la figura de la libertad bajo caución.
¿Qué significaría esto?
La libertad bajo caución es una forma de libertad provisoria en la que se concede al acusado de un delito la excarcelación —sujeta a ciertas condiciones— a cambio de una fianza mientras continúa su proceso penal. En términos simples, si los 24 integrantes de la CNTE quieren salir provisionalmente de la cárcel, cada uno deberá pagar una fianza de 15 mil pesos, lo cual no significa que hayan sido absueltos, pues aún serán juzgados y todavía podrían ser encontrados culpables. El mismo principio aplica para el líder de la UACOL, aunque su fianza fue de 85 mil pesos.
Por otro lado, en el caso de Chiapas, las autoridades no pudieron comprobar que el dinero de las cuentas de la CNTE fuera de procedencia ilícita.
La única certeza es que se trata de una caja de ahorro para profesores —conocida como Fondo de Ahorro y Beneficio Social (Fabes)— que se construye con descuentos quincenales de 84 pesos a los cerca de 50 mil beneficiarios, quienes a su vez pueden disponer de préstamos. Como ahorrar no es ningún delito, y no hay pruebas de que el “cochinito” de la CNTE sea sucio, las cuentas fueron descongeladas.
En suma, en ambos casos las autoridades se limitaron a aplicar la ley; ni más ni menos.
