¿El ambulantaje se combate con violencia?

La Otra Opinión |
29-12-2016 03:39 PM

 

Muchas administraciones en la Ciudad de México han intentado terminar con el problema del comercio ambulante sin tener mucho éxito; dejando que poco a poco se convierta en una mafia descarada entre la autoridad y los dirigentes de diversos sindicatos de trabajadores.

Uno de los métodos a los que se ha evitado recurrir en todos estos años es el de la violencia, que si bien puede ser efectiva, es poco práctica en un país donde las leyes protegen a todos y a nadie.

Sin embargo, no todos los estados, ni todos los gobiernos piensan igual y muestra de ello es que autoridades estatales, municipales y de empresas privadas mantienen desde hace siete días una barrera de seguridad en diversos mercados y calles del centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para impedir la instalación de ambulantes desalojados el pasado 21 de diciembre.  

El blindaje de la zona y en especial del mercado Juan Sabines y Rafael Pascacio Gamboa ha provocado la reacción violenta de los comerciantes que han tenido enfrentamientos con la autoridad en diversas ocasiones, dejando algunos heridos en ambos bandos.

Cabe aclarar que de todos los vendedores que exigen volver a las instalaciones, existe un grupo de ambulantes integrado en mayoría por madres solteras, viudas y mujeres de la tercera edad que cuentan con supuestos permisos para realizar comercio en las calles desde 2005.

Para impedir que el ambulantaje regrese a las ventas, el ayuntamiento en la capital de Chiapas, advirtió que habrá tolerancia cero a los comerciantes, grupos u organizaciones que pretendan utilizar las calles céntricas o las aceras anexas a empresas o centros comerciales.

Si bien, lo que hacen las autoridades parece un exceso, también es válido pensar que los empresarios y el comercio formal está en su derecho de exigir una respuesta ante el problema del ambulantaje; no obstante, el gobierno de Chiapas es principal responsable de la situación.

Y es que, hay una creciente falta empleos, una incapacidad para plantear alternativas al comercio informal y una concesión que en su momento dieron las autoridades a los ambulantes para laborar como cualquier empresario formal.

 

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