Todo el mundo habla –y se queja– de los senadores que aprobaron una versión “light” de la Ley 3 de 3.
Sin embargo, todo indica que existen más razones para indignarse.
En entrevista para La Otra Opinión, Alexandra Zapata –investigadora del IMCO–, explicó que no son uno sino dos los artículos que deberían preocuparnos.
Por un lado, el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas –más conocida como Ley 3 de 3–, incluía las expectativas de los elementos que debe tener una declaración patrimonial y de intereses; declaración que por cierto, debe ser pública.
Sin embargo, continuó Zapata, el tema quedó fuera de la ley. El dictamen aprobado establece que un comité ciudadano –a definirse el próximo año–, será el responsable de definir los formatos en que se presentarán las declaraciones.
Es decir, los senadores nos tomaron el pelo.
Pero hay más, en el artículo 32 de la misma ley, se extiende la obligación de presentar declaraciones a toda persona moral que tenga relación con el gobierno. Es decir, que todos los proveedores de alguna dependencia oficial deberán presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal.
De hecho, precisó Zapata, con la redacción actual podría ser que incluso los empleados de estas compañías tengan que presentar su 3 de 3.
De entrada, dejó ver la especialista, es absurdo pensar que todas las empresas con alguna relación con alguna dependencia de gobierno, presenten sus declaraciones. No existe un ente capaz de procesar toda la información.
Más aún, preguntó Alexandra Zapata, ¿no será que estamos frente a la revancha de la clase gobernante? ¿no será que los servidores públicos a los que los ciudadanos exigieron rendir cuentas; ahora pretenden que todos los ciudadanos también transparenten sus bienes y sus compromisos?
Sobre el mismo tema, el Doctor Christopher Ballinas –analista político–, calificó de irónico que los ciudadanos pidan votos a los senadores cuando, por definición, los servidores públicos son quienes deben ganarse el voto de los electores.
Para Ballinas, es todo menos lógico que el Congreso de la Unión –representante del pueblo–, ignorara una iniciativa ciudadana que contenía la preocupación y la alternativa de solución que proponen más de 600 mil mexicanos.
¿Qué significa que el Congreso ignore el mandato de sus mandantes? ¿Usted lo entiende? Nosotros tampoco.
