La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con todos los elementos legales para iniciar juicio penal contra Javier Duarte, el saliente gobernador de Veracruz. La decisión política está tomada.
Y el primer paso en ese objetivo lo dio el PRI el pasado lunes, cuando a través de la Comisión de Justicia Partidista, retiró los derechos como militante al gobernador de Veracruz, por considerar que en su gestión dañó la imagen del tricolor.
Javier Duarte, como saben, fue responsable de una de las más severas derrotas electorales sufridas por el PRI, a nivel estatal, ya que un deficiente manejo político y una alianza de facto con la Morena de AMLO, llevaron al tricolor a perder Veracruz; que junto con el Estado de México y la Ciudad de México, son la mayor reserva de votos del país.
En semanas, el PAN gobernará Veracruz, mientras el PRD aún tiene el gobierno de la CDMX. El PRI, por su parte, conserva el gobierno del Edomex, vital para 2018. Sin embargo, en 2017 se renovará el gobierno de Eruviel Ávila, en donde PAN y PRD pretenden repetir la experiencia de Veracruz.
Y si bien el juicio que lleva a cabo el PRI contra Duarte no es más que un procedimiento de orden político –por violaciones estatutarias–, lo cierto es que se trata de un mensaje de que el PRI no tolerará más gobiernos corruptos y que Duarte será el instrumento para lavar la imagen tricolor, frente a los “impresentables” del PRI, al tiempo que se trata del primer escalón de un largo proceso judicial que llevará a Duarte a prisión.
Y es que, según la PGR, existen todos los elementos para acusar al mandatario veracruzano como presunto responsable por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que diversas dependencias del gobierno del estado habrían suscrito contratos con “empresas fantasma” y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó denuncias penales por simular uso de recursos y luego regresarlos a las arcas públicas para disponer de ellos, con fines personales.
Los pasos siguientes –para llevar a Duarte a la justicia–, son iniciar un juicio político –que llevaría meses–, para retirarle el fuero que le brinda el cargo de mandatario estatal. Por eso, lo recomendable es esperar hasta el 1 de diciembre próximo –cuando tome posesión el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes–, y cuando Duarte deje el cargo. Ya sin fuero, pueda arrancar el proceso legal contra Duarte..
Sin embargo, existe un riesgo real de que en las últimas horas de su gobierno, Duarte escape de la justicia. Y no sería una novedad –que una vez que termine la protección del fuero como gobernador–, el mandatario decida escapar, cual vulgar criminal.
Y es que, por ejemplo, el pasado fin de semana, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, huyó en un avión privado y no asistió al relevo del gobierno estatal. Borge también es investigado por la PGR, a causa de malos manejos de dinero público.
Pero la fuga de Borge tampoco es excepcional. El 27 de marzo de 1999, Mario Villanueva, saliente gobernador de Quintana Roo, huyó en un avión privado –una semana antes de dejar el cargo–, y fue escondido por su amigo, el gobernador de Yucatán, Víctor Cervera. Hoy Villanueva está en una prisión de Estados Unidos.
Lo simpático del caso es que –a pesar del descrédito de Duarte–, su aliado político, Andrés Manuel López Obrador, salió en defensa del cuestionado veracruzano.
Dijo AMLO, durante una gira por Sonora: “Están convirtiendo en chivos expiatorios no sólo a Borge de Quintana Roo, sino a los Duarte de Chihuahua y Duarte de Veracruz”.
¿Cuál es el mensaje de AMLO, cuando asegura que Duarte es un “chivo expiatorio”? Quiere decir que es inocente y víctima de una persecusión política.
Vale recordar que Javier Duarte financió el crecimeinto de Morena en Veracruz, como lo revelamos en el Itinerario Político del 2 de febrero y del 19 de abril de 2016.
Y, como todos saben, amor con amor se paga.
Al tiempo.
