Bien se dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, sin embargo en la política nadie está libre de pecado, y –aún así– todos se avientan piedras, señalan las fechorías de sus rivales e intentan sacar provecho de ellas.
Y los que al parecer no están libres de pecado son los del PAN pues la semana pasada los senadores de ese partido apedrearon al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a quien demandaron por presunto lavado de dinero.
El pasado 27 de junio, un grupo de senadores del PAN —encabezado por Luis Pedro Salazar Fernández— presentó ante la PGR una denuncia en contra de Moreira por todos los delitos habidos y por haber relacionados con la corrupción: peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude, cohecho y encubrimiento.
Los senadores panistas acusaron de omisión a la Procuraduría por no investigar los hechos que salieron a la luz a raíz de la detención en el extranjero de figuras vinculadas al exgobernador. Los legisladores panistas de la Cámara Alta señalaron que si la PGR no abrió la investigación por falta de denunciantes, “ya no hay pretextos”. Además instaron al Poder Judicial que solicité a las autoridades norteamericanas los documentos y las pruebas pertinentes.
Pero con la vara que miden los panistas, ellos no son medidos. Resulta que panistas que presiden dos comisiones en la Cámara de Diputados contrataron los servicios de asesoría de la empresa Legislación y Política Consultores (Legispol), dirigida por la militante panista, Carmen Segura Rangel. El vínculo partidista y la amistad de los diputados con la socia de la consultoría despertaron inmediatamente sospechas de conflicto de intereses.
El presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias —y posible líder del PAN en la Cámara Baja— Jorge Triana, celebró dos contratos con la empresa de Segura Rangel: el primero en 2015 por 60 mil pesos; y el segundo en 2016 por 417 mil 600 pesos. Por su lado, Santiago Taboada, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía contrató los servicios de la consultoría de su compañera panista por un monto de 175 mil pesos.
Los diputados del PAN argumentan que recurrieron a la consultoría de Segura Rangel debido a la amplia carga de trabajo que tenían y a la carencia de asesores que les apoyaran. Asimismo, negaron que haya algún conflicto de intereses, pues todos los miembros de la comisión –incluídos los de otros partidos– avalaron la contratación de la consultoría, misma que ha trabajado con otras comisiones presididas por distintos partidos y se especializa en temas legislativos.
A falta de evidencias que comprueben—por ahora— el supuesto conflicto de intereses, la moraleja para los diputados panistas podría ser “no hagas cosas buenas que parezcan malas”, y menos cuando acabas de tirar pedradas y presumir de tu autoridad moral como partido.
