La reactivación de la CNTE, hace poco más de un mes, finalmente llevó adonde era lógico. Sin los recursos abundantes que les daba el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que ellos controlaban, no tenían mucho aire, de forma que lo esperable es que regresaran a su base, el movimiento armado, a recuperarse.
Eso hicieron. Cerraron todos los caminos a Oaxaca, ahorcaron el istmo y esperaron la respuesta. El viernes, cuando se libera la refinería, atacan comercios; el domingo, cuando se intenta terminar con el bloqueo de siete días a la autopista, provocan hasta que haya muertos. Ya los hay. Para los jóvenes, esto ya pasó hace diez años: la CNTE construyó un movimiento que llamaron Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que tuvo su muertito, un señor llamado Brad Will, periodista que más bien era activista, y que fue asesinado por alguien del movimiento, pero que durante algunas semanas pareció haber caído por las balas de la Policía Federal.
Eso no debería sorprendernos, pero a mí sí me sorprende la cantidad de buenas conciencias pidiendo diálogo. ¿De qué? ¿Por qué debe dialogarse con quien cierra por una semana una autopista o el acceso a una refinería? ¿Hay leyes diferentes en México, que promueven el diálogo con estas personas mientras desprecian a todos los demás? ¿Con qué derecho pueden estos grupos hacer del resto de la población lo que gusten? ¿De qué forma se ha abusado de ellos, o se han conculcado sus derechos?
De ninguna forma. Nada en la reforma educativa pone en riesgo el puesto de trabajo de los miembros de la CNTE, aunque sean unos incapaces. Porque, de serlo, tendrán que ser ocupados en labores administrativas. Y si hubiese algún riesgo de ello, existen muchas formas de hacerse escuchar. Las mismas que tenemos los demás mexicanos, que no bloqueamos carreteras ni refinerías, ni hemos asaltado tiendas o incendiado oficinas.
Detrás de la APPO de 2006, como de la CNTE, están grupos que saben hacer lo que acabamos de ver. No son novatos. Su objetivo, aprendido de la guerrilla de Vietnam de los años sesenta, aunque usted no lo crea, es la guerra popular prolongada. Aunque la organización original (Unión del Pueblo) cumplirá 45 años en estos días, los descendientes (EPR, ERPI, TDR) siguen en lo mismo. Y si esas creencias son absurdas en el siglo XXI, hay que recordar que hay regiones enteras de México que no han llegado a ese siglo, ni al anterior. Por eso siguen en usos y costumbres, y por eso es punto menos que imposible jalarlos a la modernidad.
Aunque éste es el caso extremo, forma parte de un continuo de abusadores que van desde grupos organizados por el PRI (Antorcha Campesina), por el PRD (Asamblea de Barrios), o ya independientes (como la CNTE), que saben que la ley no se les aplica, de forma que pueden hacer lo que les parezca conveniente, desde bloquear autopistas o aeropuertos (como lo han hecho en Oaxaca), hasta desquiciar la circulación en la CDMX, pasando por despojar a particulares. Pueden ir encapuchados y así destruir propiedades o matar a un periodista, que siempre habrá quien defienda el derecho a manifestarse escondiendo la cara. Las autoridades no tienen valor para enfrentarlos, en parte porque saben que ellos mismos están al margen de la ley (tortura, abuso).
En las cuentas ratoneras de siempre, los izquierdistas de cubículo defienden a la CNTE porque Peña es el enemigo común. Ni la reforma educativa ni el creciente rezago del Pacífico sur les preocupan un comino. Ya llegará su candidato a la presidencia para refundar el Estado y construir el paraíso en la tierra. Inconscientes.
