Desigualdad, la principal urgencia en una constitución del Siglo XXI

En el marco de los festejos de los 100 años de la Constitución de 1917, el senador panista Roberto Gil Zuarth emitió un discurso donde mencionó que el Estado constitucional es la evolución histórica de dos formas de pensamiento sobre el individuo, sobre la sociedad y sobre el gobierno: el liberalismo y la tradición igualitaria.

Por un lado, el liberalismo sitúa al individuo en el centro de la sociedad; racionalizó al poder y opuso al Estado la esfera impenetrable de la persona y por otra parte, para el pensamiento social el individuo en condición desigual no es plenamente libre. La tradición igualitaria asignó al Estado un conjunto de responsabilidades para compensar el azar que determina el punto de partida.

Y es que reflexionó que desde entonces, libertad e igualdad coexisten en el seno de una norma en la Ley Suprema y desde entonces, son referentes de validez de las decisiones públicas y por supuesto condición de legitimidad del Estado.

La Constitución de 1917 sintetizó estas dos tradiciones políticas, para pacificar a una nación convulsa por el episodio revolucionario y para encausar la exigencia de la justicia social porque los constituyentes que aquí se reunieron no sólo reconocieron las instituciones liberales; sino que además diseñaron una visión de la educación, un modelo de propiedad y un régimen de relaciones laborales para derogar la ley del más fuerte.

La Constitución se reescribió a través de sus reformas; se desdobla mediante sentencias. El cambio social se tradujo en cambio jurídico, la democracia política, economía de mercado y responsabilidad social del Estado, es la síntesis de una larga secuencia reformadora, la ecuación básica del consenso constitucional del Siglo XX y de la primera década de nuestro Siglo XXI.

Y es que como generación tenemos el deber de confeccionar los consensos constitucionales para enfrentar el mundo del Siglo XXI. El mayor y más urgente: la desigualdad en todas sus manifestaciones.