Además de las 12 elecciones para gobernador y no pocas elecciones de diputados locales y alcaldes, el próximo 5 de junio se elegirá la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Es decir, a 60 hombres y mujeres que junto con las 40 propuestas del Congreso y de los gobiernos federal y capitalino discutirán y aprobarán la constitución de la ciudad de México.
La noche del jueves, luego de más de tres horas de debate, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos del proceso.
Según se dijo, cada uno de los nueve partidos políticos que participarán en el proceso recibirán 10.1 millones de pesos. Además, podrán recibir recursos públicos por hasta 20 millones de pesos. Es decir, que sólo en gastos de campaña se destinarían hasta 270 millones.
Lo peculiar, sin embargo, es que el reparto no dejó contetos al PAN, PRD y Morena. Según dicen, el reparto equitativo –de 10 millones por partido–, beneficiaría al PRI capitalino.
En consecuencia, impugnarán el proceso.
Por cierto, si algún ciudadano de a pie quiere competir por uno de los 60 escaños del congreso constituyente –cargos que, por cierto, serían honorarios–, deberá juntar poco menos de 73 mil 800 firmas.
No obstante, lo verdaderamente grave, lo alarmante y lo que nadie ha sabido explicar es de qué servirá que se inviertan cerca de 500 millones de pesos en las campañas y la organización del proceso para elegir y conformar el Congreso Constituyente.
Hace días, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa argumentó que la falta de recursos habría detonado la suspensión de la prueba PLANEA. Y ahora nos enteramos que el Instituto Nacional Electoral entregará cerca de 100 millones de pesos a los partidos políticos y se gastará, además, alrededor de 300 millones en la realización del proceso electoral.
Evidentemente ahí existe una grave contradicción.
El asunto es más complicado si tomamos en cuenta que nadie ha terminado de entender –o de explicar–, cómo operará este Congreso Constituyente, cuáles serán sus facultades y, más importante, de qué le servirá a los capitalinos.
Cierto, todo el mundo sabe que el Congreso Constituyente será el que discuta y apruebe la nueva constitución. Pero, ¿qué facultades tendrá? ¿qué tan lejos llevarán la discusión? ¿qué intereses defenderán? ¿qué podrán cambiar y qué no? ¿por qué 100 diputados? ¿por qué no más? ¿por qué no menos? ¿por qué sólo 60 serán elegidos por el voto popular? ¿por qué no existen garantías de que se represente a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas discapacitadas? ¿por qué no existen garantías de que los capitalinos realmente participarán en la elección?
Evidentemente, la lista de preguntas es muy larga, por eso insistimos, ante la falta de información y de certeza, ¿alguien sabe de qué servirá que se gasten 500 millones de pesos en una elección de Congreso Constituyente?
