Corral regresa Chihuahua al 2010

Jorge Fernández Menéndez |
02-10-2017 09:40 AM

Javier Corral llegó al gobierno de Chihuahua con la promesa de acabar con la inseguridad y la corrupción en ese estado. No hay signos de que haya acabado con la corrupción, más allá de la persecución del exgobernador César Duarte y de algunos de sus colaboradores, pero sí ha logrado deteriorar la seguridad de una forma notable. En Chihuahua la inseguridad ha regresado, como decíamos el jueves en el programa Todo Personal, a niveles del 2010. Reaparecieron incluso los mismos actores, los mismos métodos de lucha entre cárteles, al tiempo que la mala labor política del gobierno estatal, su deseo de desarticular todo lo realizado por su antecesor, lo ha llevado a romper también con los esquemas de seguridad que habían funcionado bien en el estado y que habían permitido un fuerte avance en la seguridad pública en los últimos años, sobre todo, en las ciudades de Chihuahua y Juárez. Ya no es así: la violencia y los números de ajuste de cuentas están en niveles del 2010, mientras Corral responsabiliza de la violencia a todos menos a sí mismo.

El descontrol comenzó con la desarticulación de fuerzas policiales y la mala coordinación con distintas fuerzas federales, despreciadas por el gobernador. Desde la cárcel, los líderes de la banda de los Mexicas, que responden a La Línea, parte de lo que era el viejo Cártel de Juárez, están reorganizando sus fuerzas, al tiempo que sus rivales los llamados Artistas Asesinos Aztecas, que responden al Cártel de Sinaloa, que en Chihuahua se hacen llamar Gente Nueva, están debilitados por la caída de Joaquín El Chapo Guzmán, de Dámaso López y los enfrentamientos internos en esa organización. La Línea, de la mano con los Mexicas, tratan de recuperar, ante eso el terreno perdido.

El ataque al centro de rehabilitación no es, en ese sentido, nada nuevo. Los centros de rehabilitación han sido usados durante años por los cárteles como una suerte de centro de operaciones. Después de las masacres en los centros ocurridas en 2010, se comenzó un trabajo de control y limpieza en esos centros que habían impedido que siguieran utilizándose de esa forma. Todo indica que en el último año se abandonó, como tantas otras cosas en el ámbito de la seguridad, ese control. Y los centros de rehabilitación, algunos de ellos, se volvieron a convertir en lo que eran en 2010:  centros de operación del narco.

El 14 de junio de aquel 2010 escribimos aquí sobre el “cuarto ataque en Chihuahua contra un centro de tratamiento de adicciones que dejó en esta ocasión 19 víctimas en el centro cristiano Fe y Vida, al norte de la capital del estado”.

El ataque, decíamos entonces, vuelve a poner sobre la mesa dos puntos que han sido una y otra vez subestimados: no hay control ni normatividad sobre el funcionamiento de los centros de tratamientos de adicciones en el país y, por eso, estos son utilizados cada vez más como verdaderos centros de operación de distintos grupos criminales, sobre todo, de pandillas... según la información previa, los ejecutores eran del grupo de La Línea, que son parte del Cártel de Juárez y las víctimas de la Gente Nueva, que son parte del Cártel del Sinaloa. A su vez esos grupos están conformados por pandilleros, los primeros de los Mexicas, los segundos de los Artistas Asesinos.

Solemos olvidar la enorme cantidad de víctimas que están internadas en muchos de esos centros que se han convertido en exactamente lo contrario de lo que pregonan. Hay, por supuesto, instituciones que trabajan en forma notable, tanto en el ámbito público como privado, en particular, por el efecto masivo de su labor, los Centros de Integración Juvenil. Pero ¿quién controla los que manejan algunas instituciones dizque religiosas que tienen métodos cavernarios para supuestamente “curar” a los adictos? ¿Quién controla los que manejan los grupos criminales para guardar en ocasiones a algunos de sus miembros que necesitan protección, para adoctrinar jóvenes, para darles entrenamiento, para usarlos, vaya paradoja, como centros de distribución de drogas? ¿Quién controla las casas de tratamiento de adicciones que se ha descubierto que han servido para mantener personas secuestradas, ya sea para pedir un rescate económico o como un escondite en la larga travesía de la trata de personas?

Y no hay control, decíamos en junio del 2010, porque nadie se quiere hacer responsable del mismo. La Secretaría de Salud federal tiene una normatividad estricta que no se aplica en los estados, y éstos y los municipios, simplemente, no hacen ni visitas a esos centros. Cualquiera puede instalarlos y comenzar a dar “atención” ya sea gratuita o no, y no pasa nada. Se olvida que la adicción es una enfermedad y de la misma forma en que nadie debería poder atender clínicamente a una persona sin estar preparado y certificado, en un lugar que cubra ciertas condiciones, lo mismo debería suceder en el caso de las adicciones. Y definitivamente no ocurre así.

Desde entonces han pasado siete años, y entre 2011 y 2016 hubo avances notables en la situación de seguridad en Juárez y en la capital, Chihuahua. No desapareció el narcotráfico en la entidad, y la lucha entre los cárteles se concentró en las zonas serranas. En cuanto asumió, Corral pierde muy rápido el control de las cárceles, que había sido un acierto indudable de la anterior administración estatal, y desde allí, desde las cárceles, comenzaron a reorganizarse los cárteles y en especial La Línea y los Mexicas, quienes volvieron a tener presencia y operación en las grandes ciudades. Y, con ello, la seguridad se ha ido perdiendo progresivamente durante el último año. Este septiembre, con decenas de ejecuciones, ha sido el punto culminante de ese proceso.

Lo notable es que el gobierno estatal no reaccione y simplemente recurra a la coartada de que se trata de delitos federales que no puede controlar. Esa dejadez en el tema de la seguridad contrasta, por cierto, con el protagonismo que ha mostrado Corral en los temas políticos nacionales, donde es evidente que quiere ser algo así como el Caballo Negro de la candidatura del Frente PAN-PRD-MC. Lamentablemente para su causa, no exhibe números que puedan sustentar tamaña aspiración.

 

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