Algo está muy mal cuando los medios de comunicación parecen más preocupados por la filtración de un video que por la fuga del criminal más buscado del país: Joaquín, El Chapo, Guzmán.
Y decimos que algo está muy mal porque la filtración del video confirma que en la PGR y en los sistemas de inteligencia —como el CISEN—, no existen controles.
Si alguien, desde un puesto clave, filtra un video clave, que es parte de un expediente clave, en un caso clave; entonces no existe certeza de que otros casos –con menos atención mediática—, reciban un tratamiento profesional.
Pero hay mucho más, en entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Juan Miguel Alcántara Soria —ex titular del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública—, aseguró que estamos ante la esquizofrenia de la clase política.
En primer lugar, continuó el experto, se percibe un claro enfrentamiento entre el órgano bicameral —parte de la Comisión Nacional de Seguridad— y el gobierno federal. ¿Por qué?
Porque en medio de la controversia por la filtración del video con audio del momento de la fuga del Chapo, lo cierto es que el Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que toda la información de un expediente se encuentra reservada.
En su segundo párrafo, este artículo dice: “Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados”.
El artículo continúa: “Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme”.
Es decir, que el pasado 16 de julio —fecha en que comparecieron los funcionarios públicos ante la comisión bicameral—, toda la información, los videos y los audios relacionados con el caso eran parte de una averiguación previa. O si lo prefiere, estaban reservados.
En esta lógica, ni la Procuradora General de la República ni el titular del CISEN estaban en condiciones de hacer pública información reservada.
Ahora bien, continuó el Doctor Alcántara, una vez que se judicializó el caso —y la información se puso a disposición de un juez—, la reserva cambia. En otras palabras, que en ese momento, los documentos, los audios y videos se volvieron públicos.
Antes de esta modificación, la Ley de Seguridad Nacional establecía que toda información en manos de las autoridades que llevan un caso debe ser resguardada, protegida y no se puede difundir.
Por otro lado, el Doctor Alcántara Soria llamó a reconsiderar las acusaciones de quienes dicen que el gobierno federal manipuló la información. En realidad, los servidores públicos que comparecieron ante la comisión bicameral sólo estaban obligados a responder lo que les preguntaban.
O si lo prefiere, que si los integrantes de dicha comisión no hicieron alguna pregunta en torno al audio del video, los servidores públicos no habrían mentido. Ya que, como sentenció el experto, una cosa es no responder a una pregunta que no se hizo y otra muy distinta es mentir a una comisión del Congreso de la Unión.
Finalmente, el Doctor Alcántara Soria aseguró que la comisión bicameral no está facultada para hacer comparecer a los servidores públicos involucrados con el audio de la fuga del Chapo. ¿Por qué? Porque la ley claramente autoriza que la comisión tenga acceso a informes concretos del aparato de inteligencia, no así a llamar a comparecer a los servidores públicos por información vinculada a una averiguación previa. Después de todo, concluyó el Doctor Alcántara, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley expresamente autoriza y la ley no autoriza a esta comisión para llamar a comparecer a los funcionarios.
En esta lógica, debido a la controversia, el Doctor Alcántara Soria expresó que la comisión bicameral podría tener relación con la filtración del video. Después de todo, en su momento, ellos también tuvieron acceso a información privilegiada.
