En cualquier momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitirá el fallo definitivo a propósito de la elección del gobernador de Colima.
Como sabe, la diferencia entre el candidato del PRI –Ignacio Peralta–, y el panista Jorge Luis Preciado es de medio millar de votos. Es decir, del 0.16 por ciento del total.
La cercanía entre el primero y el segundo lugar tiene a panistas y priistas en medio de una guerra sin cuartel.
Los azules aseguran que el gobierno de Colima metió la mano, que desde la Procuraduría se criminalizó la campaña de Preciado, que desde la Secretaría de Desarrollo Social se repartieron apoyos para favorecer al priista y que desde la prensa local se apoyó abiertamente a Ignacio Peralta.
En respuesta, los priistas niegan las acusaciones, respaldan la validez del proceso y llaman al PAN a no poner en duda el voto de los colimenses.
En medio de la batalla mediática, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya presentó un anteproyecto. El responsable del caso es el magistrado Manuel González Oropeza.
Según el magistrado, las irregularidades que expuso el PAN no sólo carecen de solidez sino que se refieren a casos particulares. Es decir, que no se trata de una descomposición generalizada. Por ello, la naturaleza de las pruebas del albiazul no alcanza para invalidar la elección.
Y aunque la postura del magistrado ya es pública –e incluso el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones–, llamó al PAN a respetar el acuerdo del Tribunal–, lo cierto es que no hay nada escrito, ¿Por qué?
Primero. Porque falta que el resto de los magistrados se sumen al proyecto de González Oropeza.
Y segundo. Porque dicen –quienes han seguido el caso–, que al PAN no le interesa invalidar la elección. En realidad, se sabe, los panistas tratan de descalificar dos casillas de votación. De lograrlo, es posible –aunque poco probable–, que el ganador del proceso sea Jorge Luis Preciado.
Por eso, insistimos, la moneda está en el aire.
