El fin de semana pasado, los líderes de la Sección 7 de la CNTE en Chiapas anunciaron que pondrían fin al paro laboral que mantuvieron desde el pasado 15 de mayo. De acuerdo con cifras oficiales, este lunes reabrieron cerca de 20 mil escuelas en la entidad para atender a alrededor de un millón 776 mil 630 estudiantes de niveles medio y básico. Sin embargo, en algunos planteles la Coordinadora volvió a hacer de las suyas y retrasó el inicio de clases para el próximo miércoles.
Con el pretexto de que algunos estudiantes no se encuentran inscritos, no han entregado documentación o no han pagado cuotas escolares, maestros de la CNTE evitaron retomar las clases y aprovecharon el día para informar a los padres de familia acerca de los “logros” de su movimiento.
Para muchos, la hipocresía salta a la vista, pues fue precisamente la CNTE la que —en el marco de su paro laboral— impidió que los alumnos y los padres de familia realizaran en tiempo y forma los trámites de inscripción y pago de cuotas. Además, en su momento los líderes de la Coordinadora se pronunciaron en contra del cobro de cuotas, pero ahora afirman que necesitan recursos para dar mantenimiento a las escuelas.
Cabe acotar que la ley prohíbe el cobro de cuotas obligatorias en escuelas públicas. Si bien es común que padres de familia acuerden aportar ciertos recursos para el mantenimiento de los panteles, bajo ninguna circunstancia la negativa a pagar puede ser pretexto para negar el derecho a la educación.
Entonces, ¿Dónde está la congruencia de la CNTE? ¿No estaba la Coordinadora a favor de la gratuidad de la educación?
Pero aparentemente, las mentiras y el doble discurso no se quedan ahí, pues los líderes de la Coordinadora insisten en que el Gobierno respete un acuerdo del cual no hay prueba alguna.
Según el vocero de la Sección 7 de la CNTE, José Luis Escobar, el magisterio disidente acordó con el gobierno que este último deberá aportar 150 millones de pesos —que serían administrados por la Coordinadora— para el mejoramiento de la infraestructura escolar, que no se aplicará la evaluación docente hasta 2018 y que se regularizarán 2 mil 700 plazas para docentes, entre otros aspectos.
Por su parte, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, negó categóricamente que el gobierno haya realizado un acuerdo con cualquier sección de la CNTE que implique la inaplicación de la Reforma Educativa. Además, recalcó que la evaluación docente se aplicará en todos los estados, y que si la Coordinadora quiere diálogo, deberá retomar las clases en el 100 por ciento de las escuelas para —en dado caso— abrir mesas de negociación con las autoridades locales y ya no con el gobierno federal.
Ante esto, Escobar y la sección 7 de la CNTE amenazan con retomar las movilizaciones en caso de que el gobierno incumpla los acuerdos.
Pero, ¿Dónde está el acuerdo? ¿Por qué no existe documento que lo pruebe? ¿Se trata sólo de otra estrategia de presión y chantaje?
