¿Se acuerda que el 18 de agosto, el que fuera coordinador de la línea telefónica “Protege en Sonora”, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, confesó haber cobrado hasta 20 mil dólares por dar en “adopción” a un recién nacido.
¿Se acuerda que a pesar de esta confesión, un juez otorgó libertad bajo fianza a Arzate Carbajal. Quien por cierto, se encuentra prófugo de la justicia.?
¿Se acuerda que a raíz de estas declaraciones, salió a la luz una red de tráfico de menores que incluye a funcionarios del sector salud y del DIF estatal?
¿Y se acuerda que el pasado 11 de septiembre, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, Raúl Ramírez Ramírez, confirmó la venta de 17 menores?
Pues hoy nos enteramos que la Procuraduría General de la República ejerció su facultad de atracción en la probable comisión de delitos de Sustracción y Tráfico de Menores en Sonora.
Según se dijo, la dependencia que llevará el caso es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la indagatoria se integró en contra de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y de su cómplice José Hernández López.
Por eso preguntamos, ¿se cierra la pinza sobre el ex gobernador Guillermo Padrés?
