Sin duda tienen razón el PAN y la Morena de López Obrador, en Chihuahua cuando dicen que el narcotráfico quita y pone candidatos.
Sin duda tiene razón Mario Vázquez –presidente del PAN de Chihuahua–, cuando asegura que en la serranía del estado, nadie quiere abanderar a su partido pues el narcotráfico “baja” a los abanderados que no le conviene.
Y sin duda tiene razón el panista cuando afirma que cuando ellos –en el PAN– pretenden empujar una candidatura los narcos mandan golpear a sus familias o se acercan a los postulados y les piden que no participen en la contienda pues “ya hay alguien más que tiene que ganar”.
Acaso por eso Vázquez advierte que el PAN no está en condiciones de postular candidatos en seis municipios: Ahumada, Bachíniva, Batopilas, Chínipas, Galeana y Guadalupe.
Y acaso por eso, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, denunció que hombres armados impidieron que sus militantes colocaran propaganda de su candidato, Javier Félix.
Sin embargo, aunque la razón asiste a los panistas y los morenos –quienes exhiben la que ha sido una realidad en la Sierra de Chihuahua desde hace años–, también es cierto que los partidos políticos no han sabido hacer frente al descontrol de los criminales.
O si lo prefiere, que frente a la amenaza del narco, la clase política se ha aliado con ellos o se ha mantenido pasiva y expectante.
Es decir, que ni unos ni otros han movido un dedo para frenar al crimen y para garantizar el Estado de derecho.
Por eso, aunque PAN y Morena tienen razón, lo cierto es que tampoco han hecho mucho por cerrar el paso a los criminales.
