El 23 de septiembre de 2010, el perredista Julio César Godoy Toscano –vinculado con La Familia Michoacana–, tomó protesta como diputado federal.
En medio de críticas, del repudio popular y de no pocas burlas; un puñado de legisladores amarillos arroparon a Godoy Toscano y permitieron que consiguiera el fuero legislativo.
A seis años del hecho, nadie ha pagado los platos rotos.
Julio César Godoy perdió el fuero pero se mantiene prófugo y los legisladores que lo solaparon –como el ahora senador Alejandro Encinas–, continúan impunes.
Hace seis años, el congreso nos burló con el primer narcodiputado. Hoy la historia podría repetirse.
La mañana del martes, el presidente de la Sección Instructora de la cámara de diputados, el priista Ricardo Ramírez Nieto, informó que el proceso en contra de la legisladora sinaloense Lucero Sánchez, se resolvería en tiempo extraordinario; es decir, hasta mayo.
No obstante, el asunto no quedará resuelto en mayo.
De comenzar el juicio en la segunda quincena del mes –como aseguró Ramírez Nieto–, deberán pasar 12 días más: tres para la visita del Ministerio Público, tres para la visita de la parte acusada y seis para que emitan sus alegatos.
Lo anterior sólo significa que en junio, si bien va, será cuando el caso quede cerrado.
No obstante, existe la posibilidad de que el caso de Lucero Sánchez no se discuta en el periodo extraordinario. Hay quien dice que la discusión se llevaría a cabo hasta el segundo periodo ordinario de este año. Lo cual, si las matemáticas no fallan, permitiría resolver el asunto en octubre próximo.
Y curiosamente, el Congreso de Sinaloa se renueva este año. Es decir, que el próximo 30 de septiembre, los diputados actuales dejarán el cargo.
De este modo, si los legisladores de San Lázaro dan prioridad al tema, la Chapodiputada sería desaforada un mes antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Local.
Y en el peor de los casos, si la Chapodiputada es desaforada en el periodo extraordinario, la medida llegaría después de que concluya su tiempo en el Congreso de Sinaloa.
A todas luces, estamos ante una tomada de pelo. ¿Por qué, si desde julio del año pasado existe evidencia del vínculo de Lucero Sánchez con Joaquín Guzmán, el caso sigue sin resolverse? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde todos los diputados de la oposición? ¿dónde la justicia pronta y expedita? ¿dónde la justicia sin sesgos políticos? ¿dónde el Estado de derecho? ¿dónde la prevalencia de la ley?
