Caso Ayotzinapa, ¿qué más quieren?

Un breve recuento de hechos –de fechas recientes–, deja ver que el gobierno federal ha hecho su parte en la investigación del caso Iguala. Por ejemplo:

Uno. Hace aproximadamente dos semanas, los padres de los normalistas de Ayotzinapa encabezaron un plantón –de cuatro días– en las inmediaciones de la Residencia Oficial de Los Pinos. Durante los días del plantón, se llevó a cabo una reunión entre los padres de los normalistas, su abogado –Vidulfo Rosales–, la PGR y los expertos de la CIDH. Estos últimos propusieron 10 nuevas líneas de investigación.

Dos. El gobierno federal se dijo dispuesto a desechar la versión del basurero de Cocula. Una vez más, los padres de los normalistas aseguraron que “ahí no hay nada que investigar”.

Tres. En respuesta a las peticiones de los padres de los normalistas, el gobierno accedió a prolongar la permanencia de la CIDH en México. A su vez, le concedieron mayor independencia.

Cuatro. Anteriormente, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió 178 recomendaciones sobre el caso. No sobra recordar que el presidente Enrique Peña aseguró que ya se dio respuesta a 141 de las peticiones. El resto, según la autoridad, están en proceso de desahogo.

Cinco. El mandatario insistió que el Ejército no tiene relación con el caso Iguala. Según la versión del presidente, el 27 Batallón de Infantería nunca estuvo enterado de lo que ocurría la noche del 26 de septiembre en Iguala.

Seis. Enrique Peña aseveró que el 26 de septiembre, en Iguala, no había unidades de fuerzas especiales para acudir al lugar de los hechos. A su vez explicó que los seis batallones que operan en la zona llevaban a cabo labores en otras entidades.

Siete. Según la información que el Ejecutivo federal envió al Senado, hasta el momento, 111 personas fueron detenidas por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes. Este conteo no incluye al ex alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, quien fue aprehendido este miércoles por presuntos delitos contra la salud.

Ocho. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró en reunión con los padres de los 43 desaparecidos que “sigue abierto el expediente. No hay cerrazón, no carpetazo al tema”.

Nueve. Osorio Chong también adelantó que en enero escuchará nuevamente a los expertos de la CIDH.

A todas luces, la autoridad trabaja en el tema, da seguimiento y hace lo que le corresponde.

Es evidente que el gobierno federal atiende las peticiones de los expertos.

Además, los familiares de los normalistas dicen estar conformes con los avances.

Entonces, ¿por qué algunos insisten con los bloqueos, las amenazas y el vandalismo?

¿Qué más quieren?