Candidaturas independientes, a debate

Javier Santiago |
06-11-2017 10:01 AM

En los últimos días hemos sido testigos de pronunciamientos y comentarios relacionados con el apoyo ciudadano hacia los aspirantes a candidaturas independientes. La palestra pública se ha concentrado en dos problemáticas. Por un lado, las reglas para acreditar la calidad de candidato independiente y contender por un determinado cargo público, especialmente por la Presidencia de la República. Y, por otro, las complejidades técnicas y operativas para validar las firmas requeridas por el marco normativo, particularmente relacionadas con el uso y manejo de la App para recabar el apoyo ciudadano, diseñada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) regula una serie de etapas y actividades que norman desde la manifestación de intención para participar como candidato o candidata independiente, hasta la validación de las firmas de apoyo ciudadano y el registro de las candidaturas.

En este tránsito, la autoridad electoral nacional o local tiene que verificar, por mandato de ley, el cumplimiento de una serie de requisitos, como la documentación de la asociación civil que los respalda, los datos de identificación de su cuenta bancaria, su inscripción en el SAT, las reuniones públicas, asambleas, marchas y actividades dirigidas a la ciudadanía, el porcentaje de firmas validadas respecto de la Lista Nominal de Electores distribuidas en un número de entidades federativas, su plataforma electoral, así como los recursos privados, de origen lícito, que hubieran sido utilizados para obtener el apoyo ciudadano. El plazo para recabar las firmas es de 120 días para aspirantes a ser candidatos a la Presidencia de la República, 90 días para senadores y 60 para diputados.

Este alto número de requisitos legales y el reducido plazo para recabar firmas de apoyo actúan en detrimento de la obtención de una candidatura independiente y, en consecuencia, de la ampliación de opciones políticas para la ciudadanía. Por eso, es necesario que el análisis considere las problemáticas que se presentan en la acreditación de la candidatura, pues una regulación con plazos cortos y porcentajes muy altos de respaldo ciudadano, combinados con criterios jurídicos poco garantistas, producen incertidumbre sobre la legitimidad de los candidatos independientes y se cuestiona el papel de la autoridad electoral, como si fuera la responsable de legislar.

Lo más importante, en lo inmediato, es que favorece la actuación de intereses corporativos, con capacidad para comprometer la firma de números más o menos amplios de sus agremiados, o bien el uso de mecanismos de simulación, como se observó con el mercado negro de firmas generado a propósito de la Constituyente de la Ciudad de México.

Una regulación laxa o excesiva en cuanto al número de firmas de respaldo ciudadano no resuelve la crisis de representación política, sino que actúa en detrimento de ésta.

En el primer supuesto, la dispersión de la votación es tan alta que quienes tendrán posibilidades para ganar un cargo de elección popular son aquellos que están respaldados por una estructura organizativa. En el segundo supuesto, se impedirá la participación de ciudadanos que no estén necesariamente comprometidos con este tipo de estructuras. En ambos casos, se corre el riesgo de ­reavivar viejas prácticas que han impedido la consolidación democrática y agudizado la crisis de representación política en nuestro país, como son el clientelismo político y el corporativismo.

De ahí que una adecuada regulación para las candidaturas independientes deba mantener mecanismos de control como exigir un número representativo de firmas, sin que éstas deban estar distribuidas en un determinado número de secciones electorales, con los documentos y datos necesarios para validarlos. Así, se facilitaría el registro de candidatos independientes, al limitar las acciones corporativas, y establecería tiempos razonables para la recolección de firmas de respaldo a los aspirantes y requisitos que permitan corroborar que esos respaldos sean verídicos.

Este debate, mal enfocado hacia la autoridad electoral, debe transitar por reformas legislativas que permitan una verdadera inclusión de las candidaturas independientes, como mecanismo eficaz para la representación política. Además, debe considerar aspectos relacionados como el financiamiento público y el acceso a radio y televisión. Este hecho debe ser asumido por los actores políticos, quienes tendrán la tarea de encauzar el ánimo antipolítico hacia la institucionalidad.

Por otra parte, el cumplimiento de los requisitos legales ha impuesto una serie de complicaciones técnicas y operativas a la autoridad electoral, a fin de validar el porcentaje de firmas necesarias para avalar la calidad de candidato o candidata independiente. Para afrontar este reto, el INE diseñó una aplicación móvil que permite recabar en tiempo real las firmas necesarias para obtener el registro y contender por un determinado cargo.

Esta aplicación ha sido blanco de críticas agudas y le atribuyen a la autoridad electoral una responsabilidad que no le corresponde, como el alto número de firmas solicitadas, que, por mandato de ley, en el caso de Presidente de la República, es de 866 mil 593 firmas. Independientemente, de las posibles fallas técnicas que pueda presentar la aplicación, lo cierto es que la App es una herramienta que facilita la recolección y validación de las firmas, y representa un ahorro económico para la institución, al optimizar el uso los recursos y disminuir los errores de captura.

No descarto las fallas en el dispositivo, que exige el uso de teléfonos de alta gama y que numerosas regiones del país no cuentan con adecuada cobertura de internet, pero tiene virtudes en velocidad, certeza y seguridad de las firmas recabadas. Creo que un esquema mixto es necesario, pues la ley no contiene disposición alguna que haga del uso de la App una condición sine qua non para que la autoridad analice las firmas presentadas, aun en papel.

Me parece indispensable la reforma de las candidaturas independientes, pues las reglas que permiten su participación no son eficaces y generan expectativas equivocadas sobre la participación ciudadana independiente para las elecciones federales y locales de 2018. Al ritmo que va la recolección firmas, la aspirante más avanzada, requerirá más del doble del tiempo establecido en la ley para cumplir con la meta que ésta establece. Sin pretender ser apocalíptico, auguro que, al concluirlo, se iniciará su declive, si no se llevan a cabo reformas legales para fortalecerlas.

 

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