La tarde de este lunes fueron hallados en Veracruz los cuerpos sin vida de dos sacerdotes que pertenecían a la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en el municipio de Poza Rica. Aunque se investiga el robo como móvil del crimen, el tema ya fue politizado e incluido en la guerra que sostienen el gobernador en funciones, Javier Duarte y el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes.
De acuerdo con información proporcionada por el vicario de la Diócesis de Papantla, José Alberto Guerrero, los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez y Alfredo Juárez de la Cruz, fueron raptados horas antes de su ejecución junto con un sacristán que, de acuerdo con algunas versiones, logró escapar de sus captores —aunque según otras, fue liberado en la carretera Papantla-Poza Rica—.
Ambos sacerdotes fueron encontrados a orillas de una carretera en desuso, maniatadas de manos y pies, con marcas de tortura e impactos de bala en distintas partes del cuerpo —incluso en el rostro—. Según las autoridades del estado, ambos curas convivieron y tomaron bebidas embriagantes con sus victimarios.
Ante el tema, ni tardo ni perezoso, Miguel Ángel Yunes se colgó de los hechos y acusó al gobierno de Javier Duarte de proteger a grupos criminales. El panista pidió al pueblo veracruzano levantar la voz para que el Gobierno federal intervenga en la entidad y frene la violencia.
Y es que obviamente el panista quiere sacar raja política de la situación.
Eso sí, para muchos, la administración de Duarte no se caracteriza precisamente por garantizar los derechos humanos de los veracruzanos, sino por todo lo contrario. Cabe recordar que Jiménez y Juárez no son los primeros sacerdotes asesinados en Veracruz. En 2013 también murieron el padre Hipólito Villalobos y el vicario Nicolás de la Cruz cuando un grupo de agresores intentó robarles dinero.
Aunado a ello, durante el periodo de Duarte al frente de la entidad se contabilizan más de 20 asesinatos de periodistas en Veracruz que han acarreado severas y —para muchos— justificadas críticas para el gobierno del priista.
Pero si bien para muchos es necesario aplaudir a los políticos que repudian y condenan la violencia, el problema, es que las voces críticas parecen alzarse sólo cuando hay raja política de por medio. ¿Por qué nadie critica las agresiones a periodistas por parte de la CNTE con la misma energía que se critica a Duarte? ¿Por qué nadie dice nada del caso de Citlali Granados Cid, la reportera embarazada que fue agredida por miembros de la CNTE en Oaxaca que la obligó a borrar sus fotos?
Al parecer, el tema de los derechos humanos también es politizable y selectivo.
