Como publicó el académico José Woldenberg –en su texto de Reforma–, es cuestión de meses antes que se instale el Congreso Constituyente en el Distrito Federal.
Este congreso, como su nombre lo dice, tendrá la labor de redactar la constitución de la Ciudad de México.
Y es que, a finales del año pasado, las cámaras de diputados y senadores aprobaron la reforma política del Distrito Federal. En consecuencia, la capital del país adquirió facultades parecidas a las de un estado y deberá tener un texto constituyente igual que ocurre en las demás entidades.
Lo curioso, sin embargo, es que a pesar de que se conoce el número de diputados constituyentes, se sabe la forma en que serán electos y se definieron los tiempos en que los legisladores tendrán que redactar y aprobar la constitución; también es cierto que no termina de quedar claro de qué servirá esa constitución, cuáles serán las facultades del congreso capitalino y cómo cambiará –si realmente cambia–, la forma de administrar el Distrito Federal.
En entrevista para La Otra Opinión, la politóloga Ivabelle Arvide explicó la relevancia de que el Distrito Federal se convierta en una entidad federativa. De entrada, explicó la especialista, los diputados de la Ciudad de México participarán en la discusión y la aprobación de las reformas constitucionales, algo que no ocurre hoy día.
No obstante, en el nuevo arreglo existen deficiencias básicas. Por ejemplo, no se establecen los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a ocupar una curul en el congreso constituyente. Nadie sabe si deberá haber equidad de género, si es necesario que los candidatos tengan algún grado de estudios o si deberán representar alguna región geográfica o sección territorial de la capital del país.
Las anteriores son carencias relevantes pues los integrantes del consejo constituyente serán los encargados de redactar las leyes que rijan el funcionamiento de la ciudad de México; una tarea de gran importancia.
Por otro lado, una vez concluído el proceso de redacción, discusión y aprobación constitucional, tampoco termina de quedar claro qué podrán hacer los diputados de la ciudad de México, no se establecen las atribuciones de los gobernantes en cada una de las demarcaciones –hoy delegaciones–, y no se sabe cuál sería –en los hechos–, la utilidad del nuevo armado institucional.
Por eso, ante estas evidencias, sólo queda preguntar, ¿de qué servirá la reforma política en el Distrito Federal? Cierto, durante años se trató de una demanda ciudadana. Sin embargo, en el arreglo actual, pareciera más bien un capricho.
