En un escenario electoral donde el árbitro sanciona hasta por pensar –pues prohíbe spots que no se han difundido–, a nadie debe sorprender que más de una elección se defina en tribunales.
Después de todo, abundan las causas de nulidad, los errores de procedimiento y las ocurrencias de la autoridad en la materia.
Acaso por eso, los priistas exigen que el INE atraiga la elección de Veracruz y Puebla.
Acaso por eso, los Morenos piden que el INE haga lo propio –también–, en Veracruz y Puebla.
Y acaso por eso, todos los partidos –excepto el PRI– claman que el INE organice el proceso de Sinaloa.
En cada uno de estos lugares –según los políticos–, no existen las condiciones para llevar a cabo la elección.
Además, aseguran que los institutos electorales locales son parciales, son incapaces o no son confiables.
Es probable que los partidos tengan razón.
Sin embargo, también es cierto que el reclamo de priistas, perredistas y morenos llega en estados donde sus posibilidades de triunfo son buenas pero requieren un pequeño empujón.
En consecuencia, no sería extraño que luego del cinco de junio, las elecciones de Veracruz y Puebla –por lo menos–, tengan que resolverse en tribunales. O si lo prefiere, que los partidos intenten ganar en las cortes, lo que no pudieron asegurar en las urnas.
Por cierto, se antoja curioso que en Tamaulipas –donde la elección realmente implica un riesgo para los candidatos y los votantes–; nadie exige al INE meter las manos.
No obstante, dicen los enterados que de un momento a otro, los partidos también pedirán que el árbitro nacional haga el trabajo del OPLE de Tamaulipas.
Por eso, a 10 días de la elección, todo indica que al menos tres procesos se definirían en los tribunales. ¿Será?
