En nuestro país no es nuevo que las autoridades filtren información a la prensa. De hecho, algunas de las grandes piezas periodísticas tienen su origen en filtraciones no oficiales. Y en esta lógica, tampoco es nuevo que –ante las filtraciones–, nadie sabe –y nadie supo–, quién filtró la información.
El comentario viene a cuenta pues, en días pasados, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal –PGJDF– solicitó una orden de aprehensión en contra de René Ruiz Mejía, comandante de la policía investigadora de la capital. Según se dijo, a Ruiz Mejía lo acusan de filtrar “información confidencial” relacionada con el homicidio de cinco personas en la colonia Narvarte.
Recordemos que el 31 de julio de 2015, cinco personas –entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera–, fueron asesinadas al interior de un departamento de la colonia Narvarte.
En su momento, el procurador de Justicia capitalino –Rodolfo Ríos Garza–, aseguró que estaban al tanto de que un funcionario público –identificado y consignado– filtraba la información a los medios. Aun así, según Ríos Garza, continuaron con las investigaciones para dar con otras posibles “gargantas”.
Luego de ocho meses del multihomicidio de la Narvarte,se informó que el comandante René Ruiz –adscrito a la Fiscalía desconcentrada de Investigación en la delegación Benito Juárez–, habría proporcionado información reservada a periodistas. Entre las filtraciones estarían las placas de un vehículo involucrado en el caso y fotografías de la escena del crimen.
De acuerdo con las investigaciones, el comandante habría aprovechado su cargo para acceder a la Base de Datos Informática de la Procuraduría –conocida como Sistema único de Información Delictiva del DF–, y filtrar la información.
La autoridad documentó –con siete notas periodísticas de tres medios de comunicación diferentes–, que el elemento policiaco habría filtrado la información. En consecuencia, las autoridades capitalinas exigen una sanción de entre dos y siete años de prisión, la destitución y la inhabilitación –de tres a 10 años–, “por ejercicio ilegal del servicio público”.
Por cierto, cabe señalar que el juez noveno de Distrito en Materia Penal otorgó un amparo promovido por la familia del fotoperiodista asesinado, para que la Procuraduría capitalina no filtrara información.
Cabe mencionar que la Procuraduría no informó las razones por las que el agente filtró la información, y tampoco se sabe si el funcionario recibió alguna remuneración económica.
Lo curioso, sin embargo, es que no es el único caso.
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga –en calidad de indiciado– a Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), quien habría divulgado pesquisas en contra de Arturo Escobar, entonces titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
Y es que Arturo Escobar acusó a Nieto Castillo de dañar su nombre. Anteriormente, como quizá recuerde, Nieto Castillo –al frente de la Fepade–, procedió penalmente contra Escobar quien, presuntamente, cometió delitos electorales cuando presidía el Partido Verde Ecologista de México.
Por violar la secrecía de los datos contenidos en una averiguación previa, la presunción de inocencia y el debido proceso, Santiago Nieto podría definir su situación legal en los próximos cuatro meses.
¿Será que por “chismosos” se irán a prisión?
